La negativa de la mayoría de las empresas privadas a conceder un bono de compensación salarial provocó una fuerte reacción de líderes gremiales que amenazaban con una sucesión de medidas de fuerza hasta obtener una retribución efectiva para sus afiliados frente al incremento geométrico de la inflación y el costo de la canasta familiar.

En este contexto, el Gobierno decidió habilitar cerca de 2.500 millones de pesos que se remitirán a las obras sociales sindicales. Esa partida pertenece al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), que se integra con aportes de trabajadores y empleadores y se destina como reintegro a las obras sociales que ya han financiado tratamientos complejos.

Mauricio Macri había prometido "no pisar" los millones de pesos que integran al FSR –y en rigor pertenecen a los sindicatos–, pero la crisis económica y la ausencia de una relación fluida con la CGT transformaron esa promesa oficial en papel mojado.

Sin embargo, la necesidad de contener la eventual protesta gremial por la situación económica, jaqueada por la reticencia de las empresas a otorgar un bono voluntario a sus propios empleados, abrió una negociación urgente entre el ministro de la Producción, Dante Sica, y un puñado de líderes gremiales que intentan evitar los conflictos y responder a las necesidades insatisfechas de sus bases.

La solución encontrada parte de una premisa extraña: darles a los gremios sus millones de pesos del Fondo Solidario de Redistribución para que sean distribuidos entre los propios afiliados que padecen la crisis social y el ajuste económico. Sica consultó el asunto con Marcos Peña, quien a su vez llevó el tema a Macri. El Presidente habilitó las partidas que serán distribuidas en las próximas semanas.

En términos formales, el Gobierno autorizó girar a las obras sociales una suma cercana a los 2.500 millones de pesos, que deberían servir para tapar el agujero económico y financiero que soportan las finanzas de la mayoría de los gremios argentinos. Y esto es lo que repetirá Sica y los líderes sindicales cuando sean consultados al respecto.

Pero en rigor, esos 2.500 millones de pesos se utilizarán para paliar la situación económica de miles de trabajadores que han perdido la posibilidad de llegar a fin de mes. Fue una decisión política que asumieron Balcarce 50 y la CGT: desfinanciar el Fondo Solidario, evitar los conflictos gremiales y facilitar la vida cotidiana de los trabajadores, ante la reticencia de los empresarios a conceder un bono voluntario de 5.000 pesos.