Este decreto data de septiembre de 1984 y en sus considerandos alude a que para el Gobierno provincial, “la administración es la actividad permanente, concreta y práctica del Estado que tiende a la satisfacción inmediata de las necesidades del grupo social y de los individuos que la integran”.

Consideró, asimismo, que “la actividad del empleado público no puede ser considerada con el mismo criterio con que se encaran las actividades privadas, ya que el empleado o el obrero en función pública, cada uno dentro de la órbita de su acción, es un delegado de la autoridad que el pueblo ha confiado al Estado y es por lo tanto un ejecutor de la voluntad popular”.