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“El desafío es que la ley Micaela, que obliga a organismos del Estado a formarse en perspectiva de género, se aplique verdaderamente”

“El Estado nacional debe estar cerca cuando la provincia y el municipio no estén en condiciones de hacerlo”, consideró la titular del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima -Cenavid-, Natalia Figueroa


Natalia Figueroa es abogada especialista en violencia familiar y administración de justicia, además de titular del Centro Nacional de Asistencia a la Víctima -Cenavid-, un organismo que tiene como objetivo garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, brindando asesoramiento jurídico, psicológico y social.

En diálogo con La Mañana, la especialista abogó por una mayor formación y capacitación de agentes y funcionarios que se vinculen directamente con víctimas de delitos; es decir, por la aplicación de la Ley Micaela. Si bien reconoció los avances que se han dado socialmente a partir del movimiento de mujeres durante los últimos años, consideró que es necesario desnaturalizar la concepción del cuerpo de mujeres y niñas como propiedad y objeto e insistió en el rol fundamental del Estado para no revictimizar o dejar a la víctimas en un lugar de mayor vulnerabilidad.

¿Cuáles crees que son los principales desafíos en materia de fortalecimiento de derechos de la mujer?

Pese a todo el esfuerzo que se realiza para que las mujeres ganen autonomía, para que se reconozcan los derechos iguales que tienen, lo cierto es que todavía los valores patriarcales, que ponen como propiedad el cuerpo de las mujeres y niñas respecto de los varones, siguen “vivitos y coleando”, totalmente vigentes. Pese a que todo es mucho más visible, lo cierto es que las víctimas atraviesan situaciones de mucha vulnerabilidad y eso es aprovechado por gente que, con esos valores a flor de piel, creen en la propiedad de la vida y el cuerpo de las mujeres.

Todavía nos falta muchísimo trabajo por hacer, el Poder Judicial tiene una responsabilidad enorme porque frecuentemente trataba estos casos como privados en los cuales no intervenía porque consideraba que no se trataba de un asunto que involucrara a los intereses de Estado o de la comunidad en general. Cuando la verdad se trata de una violación a los derechos humanos de las mujeres y debe ser abarcado, asistido e investigado en ese sentido. No pueden ser tratados como casos donde muchas veces se los trata “se fue con el noviecito”, “lo van a arreglar de puertas para adentro”, “por qué no van a tomar un café y se arreglan”, “porque es el padre de tus hijos”, “no vas a tener de qué vivir”. Este tipo de comentarios que todavía subyacen, lamentablemente en las fuerzas policiales y también hacia el interior de las estructuras del Poder Judicial, afectan directamente el acceso de las mujeres a la Justicia.

Si bien uno debe reconocer los cambios que ha habido, de todas formas aun los casos donde la mujer está involucrada, especialmente cuando hay niños y niñas involucrados, siguen siendo tratados como cuestiones menores. La propia ley penal le da un trato menor: si a vos te roban el celular en la calle con violencia, al autor del hecho le pueden dar hasta 6 años de prisión, mientras que a si te amenaza tu pareja de muerte con el riesgo de tu salud física, pero también la salud psíquica de tus hijos, la pena es de dos años de prisión como máximo.

La capacitación y formación continúa siendo el principal factor de cambio…

El gran desafío es la capacitación de los operadores de las distintas áreas. El gran desafío es que la Ley Micaela, que de algún modo obliga a todos los organismos del Estado a formarse en perspectiva de género, se aplique verdaderamente. El otro día, un político en TV decía “estoy en contra de la ideología de género”. La teoría de género apunta al reconocimiento de las diferencias entre mujeres y varones por el sólo hecho de cómo nos sociabilizaron y eso es un dato de la realidad, por eso es una teoría y no una ideología.

Las mujeres ganamos un 27% menos en promedio y nos matan permanentemente por el hecho de ser mujeres. No se trata de una cuestión ideología, sino de una cuestión que debe ser abordada de una manera seria e inmediata y, por ello, requiere de mucha capacitación y fortalecimiento de las estructuras locales. Estar cerca de la ciudadanía es el principio. El Estado nacional debe estar cerca cuando la provincia y el municipio no estén en condiciones de hacerlo. Lo cierto es que funcionarios o empleados no dirimen este tipo de casos ni le dan la entidad que realmente tienen. Esa amenaza puede ser la antesala de un femicidio. Si no se la trata, lo más probable es que esa mujer vuelva en un estado de vulnerabilidad aun mayor. Hay que abrir mucho los radares y la cabeza, desnaturalizar todo aquello aprendimos como conductas normales y empezar a pensar que esa mujer necesita un apoyo constante y distinto para poder sostener las decisiones que vaya tomando, y para poder liberarse de esas situaciones de violencia.

¿Qué es el CENAVID? ¿Qué modificaciones se incorporaron desde el año pasado?

El CENAVID tiene a su cargo la asistencia a las víctimas de delitos de competencia de la Justicia Federal en todo el país, y de la Justicia Ordinaria a requerimiento de las jurisdicciones locales o de las propias víctimas. Funciona en el ámbito de la Secretaría de Justicia y, para el efectivo cumplimiento, cuenta con los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de la Red federal del Ministerio con presencia en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, coordina con los distintos organismos del Estado el asesoramiento jurídico, psicológico y social para la asistencia a las víctimas de delitos.

Centraliza los programas de soporte que existen dentro del Ministerio, entre ellos, el Programa Nacional de Lucha contra la Impunidad (PRONALCI), el Programa Las Víctimas Contra Las Violencias (PVCV), el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata (PNR) y el Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar.

El año pasado, se puso en funcionamiento el Cenavid porque en el año 2017 se sancionó la ley nacional 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos. A raíz de esta sanción, se creó una dirección más dentro del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, para garantizar la atención de las víctimas de todo el país a pedido de las jurisdicciones locales y de las propias víctimas a partir de una línea gratuita también nacional que es el 149. Y por supuesto, a través de las derivaciones que nos puedan hacer las distintas ONGs y organismos que asisten a víctimas y que son nuestros primeros interlocutores, porque las víctimas recurren más rápidamente a organismos que pertenecen a la sociedad civil que al propio Estado.

¿Cuáles son las áreas de trabajo?

Tenemos competencia en los temas más complejos que se puedan presentar en lo que respecta a víctimas de delitos, trata de personas, homicidios, femicidios, violencia de género, violencia sexual y familiar. La dirección de víctimas está a disposición de todas las jurisdicciones locales, especialmente para los casos donde por sus características se requiere algún tipo de asistencia y acompañamiento, ya sea desde el punto de vista psicológico y jurídico, pero también desde el punto de vista económico, ya que se cuenta con un monto fijo para garantizar la atención y asistencia de las víctimas en el momento inmediatamente posterior a la denuncia. A pedido sólo de un juez o fiscal es suficiente para que demos marcha al requerimiento y garanticemos la asistencia económica para esa víctima y que pueda contar con recursos. Es para víctimas en estado de vulnerabilidad económica que no se encuentran en condiciones de cubrir sus necesidades más básicas, lo que sucede mucho en el interior de las provincias.

¿Cuál es el valor de esta nueva herramienta en materia de protección de víctimas?

Es un recurso que queremos poner a disposición y que lo conozcan, porque mas allá de que la ley es una ley nacional y obligatoria para todos los jueces y fiscales, no siempre se echa mano a estos recursos. De un año a otro, la ley se reglamentó y se puso en funcionamiento. Tenemos en todas las provincias un organismo propio del Ministerio de Justicia, que son los Centros de Acceso a la Justicia -CAJ-, un mecanismo de acercamiento a la comunidad. Cuando uno se levanta a la mañana jamás piensa que será víctima de un delito o que va a necesitar conocer como trabajamos. Queremos ser un lugar de referencia y una puerta de apertura a los derechos.

La Dirección, además, efectúa una constante articulación con los Centros de Acceso a la Justicia desplazados en todo el territorio de nuestro país, para garantizar la contención, orientación y acompañamiento a las víctimas de delitos.



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