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Mejor sin privilegios


El gobierno que asuma el 10 de diciembre la conducción del país deberá encarar sin demora uno de los temas más polémicos dentro de la grave problemática nacional. Se trata del que involucra a millones de jubilados, pensionados y beneficiarios de la asistencia social, que forman un núcleo cada vez más pesado en la organización económica de la Argentina, debido a los recursos que se necesitan para asegurarles una subsistencia digna.

Diversos factores configuran un cuadro difícil de atender para las arcas públicas, entre ellos la extensión de las expectativas de vida, la mejora de los estándares de convivencia y los impedimentos físicos o económicos de miles de personas. Esto hace que reiteradamente se necesite acudir a mayores impuestos o al endeudamiento para sostener el costoso esquema asistencial.

Ahora bien, si se analiza detenidamente el panorama se verá que tanto a nivel nacional como en las provincias existen distintos regímenes jubilatorios, algunos de los cuales constituyen privilegios injustificados en relación con la edad de retiro, los beneficios económicos que se otorgan por determinadas tareas o la excepcionalidad fijada en ciertas jurisdicciones a reglas que deberían ser generales.

Ante las previsibles consecuencias gravosas para la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), la actual administración de Cambiemos intentó tomar cartas en el asunto, pero sus aparentes buenas intenciones no pasaron de eso y se diluyeron rápidamente, en algún caso cometiendo el mismo error que la gestión anterior.

Durante el kirchnerismo, los recursos del mencionado organismo fueron utilizados para financiar consumo, para planes escolares, para el sostenimiento de empresas en crisis o bien para atender las necesidades del Tesoro nacional ante la imposibilidad de acceder al crédito externo. Esas distorsiones, y las posteriores, deberán ser corregidas por el próximo gobierno.

Aunque el desafío es mucho mayor: terminar con los privilegios de ciertos regímenes, sin dejar de contemplar situaciones en zonas desfavorables, entre otros elementos; y ponerle fin a los beneficios excepcionales que todavía recibe la clase política, especialmente a nivel legislativo.

Lo que no puede de ningún modo considerarse como situación de privilegio -en el corto plazo- es que los jubilados que cobran la mínima, que hoy se encuentran muy por debajo de la línea de pobreza, reciban un aumento excepcional. La crisis económica está golpeando como pocas veces en la historia reciente al sector más débil de la clase pasiva, cuyas necesidades de atención médica y de supervivencia requieren prioridad absoluta.

Como se ha dicho al comienzo, el gobierno que resulte electo deberá atender esta cuestión más temprano que tarde. Y estará obligado a encontrar una posición de equilibrio definitiva entre la necesaria corrección del déficit fiscal y la eliminación de los privilegios de ciertos sectores, que tendría que extenderse a aquellos regímenes provinciales de jubilación que conservan excepcionalidades impropias de los duros tiempos que se avecinan.



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