El defensor del Pueblo de la provincia, José Leonardo Gialluca, consideró que las medidas coyunturales adoptadas por el Gobierno nacional para contrarrestar los efectos de la crisis, son tardías e insuficientes, y aseguró que es necesario declarar la emergencia alimentaria.

“Es preciso que el Presidente, de manera urgente, autorice u ordene acciones que incidan directamente sobre la situación que atraviesan cerca de un millón de niños en el país que acuden a comedores comunitarios y se encuentran en riesgo de desnutrición”, explicó.

Señaló que actualmente hacen falta casi $ 32.000 para no ser pobre: la Canasta Básica aumentó un 50% en los últimos 12 meses y su cobertura requiere que una familia integrada por dos mayores y dos niños cuente en junio con $ 31.934,44, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos. “Estos valores marcaron un aumento de 2,5% en relación a mayo, un 25,3% desde que comenzó 2019 y un 50,6% en los últimos doce meses”, agregó.

En este sentido, el funcionario destacó que coincide plenamente con la solicitud de un centenar de organizaciones sociales que reclaman la emergencia alimentaria, “porque comprenden que social, moral y humanamente no se puede permitir que más del 40% de los menores que concurren a los comedores comunitarios se encuentren en riesgo nutricional”.

“Esto se da en el marco de una crisis económico-social que resulta fulminante para muchos, los que han perdido sus puestos de trabajo y hoy no tienen para llevar el pan a sus mesas, en un contexto donde no les alcanza para comprar los alimentos con valores exentos de impuestos, pues no tienen un centavo, dado que sus empleadores se han visto obligados a despedirlos, víctimas, como ellos, de desacertadas medidas económicas e irracionales tarifazos adoptados por el Gobierno nacional”, cuestionó.

Por ello -subrayó el ombudsman provincial- apoya la iniciativa de que el Gobierno nacional dicte una norma que contemple la creación de un Consejo Nacional de la Emergencia Alimentaria, integrado por tres representantes de la Casa Rosada, tres por las provincias y tres de los movimientos sociales, que deberán garantizar el cumplimiento de las necesidades nutricionales de niños, niñas y jóvenes de 0 a 14 años de edad en situación de vulnerabilidad. Asimismo, que el Consejo elabore un mapa territorial que identifique precozmente las situaciones vulnerables y ofrezca estrategias alternativas mediante el fortalecer de los programas alimentarios, suministrando de manera directa y sistemática los alimentos.