Un aspecto negativo que se ha corregido bastante en los últimos años pero que todavía cuesta erradicar del todo es el maltrato policial, los abusos y la discriminación de distinta índole que sufren miles de personas en la Argentina por su orientación sexual. Actitudes que marchan a contrapelo de las leyes y normas de convivencia ciudadana que propician el respeto por la identidad y la diversidad de género.
Los episodios recurrentes en nuestro país no son sino parte de un fenómeno mundial, a la luz de las crónicas de acciones represivas que llegan de otros países. Sin embargo, lo que más preocupa fronteras adentro es la reacción de algunos efectivos policiales frente a determinadas situaciones en la vía pública.
Famoso fue el caso ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde una joven pareja de lesbianas fue detenida por besarse en una estación de subte. Debido a ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación elaboró un protocolo para el registro o detención de personas pertenecientes al colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT), que entró en vigencia a fines de 2017 y es de aplicación obligatoria para todo el personal uniformado y civil que reviste en las fuerzas policiales y de seguridad de la órbita federal.
El problema es que, como queda claro en el reglamento, se trata de una disposición federal que, en principio, no tiene injerencia de aplicación sobre el accionar de las policías provinciales. Y de más está decir que el mal trato a los homosexuales está presente muchas veces en estas fuerzas también.
Algunas provincias tienen códigos de convivencia ciudadana donde se especifica que todas las personas recibirán de la autoridad la misma protección y trato, sin que puedan ser afectadas por distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias de carácter discriminatorio. Sería bueno que todas las jurisdicciones establecieran claramente este principio.
Un paso adelante en tiempos de conquista -o reconquista- de derechos, debe reconocerse, es la bajada de línea para que la detención de mujeres sea realizada por personal femenino. Pero eso no es suficiente. También, como lo dispone una resolución del Ministerio de Seguridad de la Nación, la detención de travestis o transexuales -siempre y cuando corresponda en base a fundamentos inequívocos- debiera ser llevada a cabo en las provincias por mujeres policías, resguardándose, en todos los casos, la integridad física y respetándose los derechos personalísimos.
Todo esto -así como la previsión de que la persona detenida sea alojada “según el género autopercibido en una celda individual, en tanto exista riesgo para su integridad, dignidad u otros derechos”- constituye un avance significativo para una convivencia sin estigmas. Falta aún, sin embargo, terminar de remover prejuicios en sectores sociales reaccionarios.