Desde la Defensoría del Pueblo advirtió que “en medio de la actual crisis económica y social, el Gobierno nacional viene adoptando medidas que son no solamente prácticamente imposibles de aplicarlas, sino que además podemos señalar que las citadas son tardías, están dirigidas a actuar sobre los efectos y no sobre los orígenes de los problemas económicos”.

En ese sentido, aseguró que “para nuestra provincia, estas medidas determinan un fuerte desfinanciamiento, con lo cual se castiga duramente a todo el interior del país, sin haberse consultado previamente a las jurisdicciones gobernadas por distintos signos políticos y que van a terminar desfinanciadas, perdiendo millones de pesos en concepto de recaudación fiscal y debiendo siempre hacerse cargo de obligaciones tan urgentes como lo son la salud pública, educación, seguridad, comedores escolares y otros, siempre poniendo fondos propios y disminuyendo los aportes nacionales”.

El defensor del Pueblo, José Gialluca, solicitó al presidente del Banco Nación, al secretario de Vivienda Nacional y al presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) puntualidades sobre los anuncios realizados para los tenedores de créditos hipotecarios UVA, actualizables por Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), “dado que el beneficio del congelamiento de las cuotas sólo alcanza a aquellos casos en que el valor de la propiedad era inferior a los 140.000 UVA al momento de tomar el préstamo”.

En la actuación remitida a las áreas nacionales, desde el organismo provincial se señaló que las autoridades federales anunciaron que se mantendrá el valor de las cuotas pagadas en el mes de agosto hasta el mes de diciembre, y el Estado nacional asume la diferencia del valor que debería pagarse si se aplicaría la actualización por el Indice de Precios del Consumidor.

El ombudsman destacó que esta medida “es valorable, a los fines de atenuar la situación por la que se encuentra atravesando este sector de la sociedad”.