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HABLEMOS DE IGUALDAD

Siguen matando a las mujeres

Hablemos de Igualdad, una columna por Heliana Guirado


Los gobiernos cambian, la economía sufre modificaciones, los mercados confían y desconfían, el dólar sube, baja, se estabiliza. Sin embargo, los femicidios, esos que conforman el último eslabón de la violencia de género, un conflicto social que cala en lo más profundo de la sociedad, se ejerce y repite cada año, generando cifras que deberían alertar al Estado.

Según informó la organización feminista MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana), en lo que va de 2019 (específicamente desde el 1° de enero hasta el 31 de julio) se cometieron 149 femicidios. De éstos, se desglosan los siguientes datos significativos:

  • 127 femicidios directos.
  • 9 femicidios vinculados, cuyas víctimas fueron mujeres y niñas.
  • 9 femicidios vinculados, cuyas víctimas fueron hombres y niños.
  • 4 trans/travesticidios.
  • 25 casos están en proceso de investigación, lo que indica que esas cifras podrían aumentar.

De estos casos, el 40% de sus autores era la pareja de la víctima, un 28% la expareja, un 15% conocidos, un 10% familiares, un 5% desconocidos y hay un 2% sobre el que no se tienen datos.

El 23% de los agresores se suicidó y un 8% de los femicidas pertenecía a alguna de las fuerzas de seguridad.

Los lugares físicos donde se produjeron los femicidios dejan en claro que cuando una mujer está siendo víctima de violencia, el hogar es el lugar más inseguro: un 45% de los asesinatos se cometieron en las casas de las víctimas y un 20% en lugares que ellas compartían con sus asesinos.

Por otro lado, las calles, espacios históricos de los diferentes tipos de violencias que se ejercen contra las mujeres (acoso, violaciones, intimidación, entre otras), vuelven a servir de escenario para los femicidios: el 13% se cometieron en la vía pública y un 8% en descampados.

Estos asesinatos producen además otras víctimas, aquellas que siguen acá, pero con una pérdida enorme. A raíz de los casos analizados hasta la fecha, 126 niñas, niños y adolescentes se quedaron sin madres. Mujeres que en un 17% de los casos hicieron denuncias previas, pero la Justicia, una vez más, no estuvo a la altura de las circunstancias.

Ante esta situación, MuMaLá pide la Declaración de Emergencia Nacional de género y es un pedido que debe ser acompañado íntegramente. Básicamente, porque si esta declaración se produce, generaría que se concreten determinadas acciones claves, entre las que se encuentran una reasignación del presupuesto y las capacitaciones.

En la actualidad, el Estado nacional designa $ 11 por mujer para luchar contra la violencia de género. Por esta reducción, el Instituto Nacional de las Mujeres (órgano rector de las políticas relacionadas con el tema) pierde (aunque no se reconozca públicamente) capacidad para seguir trabajando. Además, en distintos lugares del país (como la provincia del Chaco) las personas que trabajan en algunas líneas de contención y centros de atención se encuentran precarizadas.

Por otro lado, aun existiendo la Ley Micaela, que obliga a todas las personas que trabajan en los tres poderes a capacitarse en temas de género, las mujeres siguen sufriendo burlas cuando hacen una denuncia, los jueces siguen dejando en libertad a los agresores y las perimetrales se siguen violando. Los femicidios son el último eslabón de una cadena oxidada, que exige un cambio urgente.

Pero disminuir el monto notablemente, no habla sólo de una cuestión puramente económica. Sin dudas muestra la falta de preocupación que el Gobierno nacional tiene sobre este tema.

Pasaron ocho meses y ya hablamos de más de cien femicidios y otros muchos en pleno proceso de análisis para saber si ingresan a esta categoría o no. Y si vamos hacia atrás, vemos que desde el 3 de junio de 2015 hasta el 29 de mayo de 2018, 871 mujeres murieron a manos de hombres, que las conocían o no, pero que las mataron sosteniendo hasta el fin una relación desigual de poder que se fortalece gracias al sistema patriarcal que impera. Acá y en todo el mundo.

En esta realidad, el Estado es responsable, ya que por acción u omisión no garantiza seguridad a sus ciudadanas o no efectiviza el cumplimiento de las condiciones necesarias para que la violencia que se ejerce contra ellas comience a disminuir.

Pasaron ocho meses de este 2019 y ya hablamos de más de cien femicidios. Cada año los contabilizamos, ponemos el tema en agenda, escuchamos pedidos desesperados de las familias que quedan, se difunde información, se concientiza. Pero el Estado no demuestra estar a la altura de semejante problema que se cobra la vida de miles de nosotras.

Mientras tanto, el contador aumenta.



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