Los primeros palotes de acuerdo entre el presidente Mauricio Macri y el precandidato más votado en las PASO, Alberto Fernández, no deben ser minimizados. Por el contrario, deben tomarse como los trazos de inicio del imprescindible acercamiento que demanda la mayoría de la sociedad entre el actual Gobierno nacional y el sector con más altas chances de sucederlo a partir del 10 de diciembre próximo.

Detrás de ese objetivo se inscriben apelaciones moderadas o sensatas, pero también declaraciones altisonantes que no ayudan a calmar los ánimos. Lógico estuvo, por ejemplo, el presidente provisional de la Legislatura provincial al señalar -confiando en un nuevo triunfo opositor en octubre- que “la responsabilidad de Macri, como Presidente, es llevar la transición (hasta el 10 de diciembre) de la forma más ordenada posible”. Todo lo contrario al senador justicialista que agitó las aguas al abrir la posibilidad de que, como están las cosas, el gobierno de Macri no llegue a las elecciones que vienen.

Hoy más que nunca el país reclama prudencia en las declaraciones públicas. Se lo reclama a sus dirigentes, sobre todo a aquellos que en los últimos años alentaron la grieta política con sus exabruptos. Décadas de estancamiento sufre el pueblo por esta falta de moderación y consenso.

El consenso político es la meta más preciada, sin duda. Pero, aun cuando se alcance pronto (ojalá así sea), el país necesita modernizar sus instituciones y remover los obstáculos que le impiden alcanzar un grado de desarrollo acorde con sus antecedentes y potencialidades.

Es imperioso que, ejerza quien ejerza el poder, los distintos niveles de Gobierno asuman la responsabilidad fiscal de sus actos. Los egresos no pueden superar los ingresos a nivel de la administración estatal, salvo que se decida seguir transitando los caminos de la inflación y el endeudamiento permanentes.

El control de la inflación, en caso de estabilizarse el dólar, exige asumir con capacidad autocrítica cada gasto en cada jurisdicción, lo que debiera traducirse en una menor carga impositiva. Asimismo, una vez que la tormenta desatada por los mercados pase, la economía debería crecer y generar los empleos de calidad que demanda la formación que exhiben los recursos humanos.

La eficiencia en el funcionamiento de las instituciones de la República tendrá que ser una tarea impostergable para los tres poderes. La modernización del Estado es el primer paso, con el objetivo de reducir los costos de tramitación y gestión.

Algunas de las mentadas reformas que necesita la Argentina son plausibles, pero deberán ser acompañadas en el debate con la sana intención de mejorar la calidad de vida, con gobernantes y representantes sectoriales dispuestos a hallar consensos mínimos para sentar las bases de un desarrollo sustentable, sin afectar a la población de ingresos fijos.

La Argentina no tocó fondo pero está cerca nuevamente. Como en 2002, la gran oportunidad que se presenta es la de alcanzar los acuerdos mínimos que anhela la sociedad. Todos los actores están obligados a tener una mente abierta y a resignar intereses.