La Justicia en el Fuero Civil hizo lugar a la demanda conjunta de la Defensoría del Pueblo y la Municipalidad contra la empresa Crucero del Sur y la UTA local, por lo que una vez notificados, deberán prestar un servicio de emergencia en el transporte urbano de pasajeros.

La jueza civil y comercial 6, Graciela Patricia Lugo, hizo lugar a la demanda, por lo que la firma de colectivos y el gremio tienen la obligación de brindar y mantener un “servicio mínimo” que asegure la regularidad de dos horas entre una unidad y otra, mientras dure la medida de fuerza llevada adelante desde la medianoche del lunes por parte de los trabajadores, en demanda del cobro del medio aguinaldo, el 10% de incremento salarial y un plus de $ 16.000 que reclaman.

El fallo enuncia que a raíz de los problemas que se suscitan entre la concesionaria del servicio y sus empleados, desde el año 2017 se han ejecutado un sinnúmero de medidas de fuerza que se desarrollaron “sin prestar el servicio de emergencia” y en consideración a al fracaso de la audiencia en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia, el día 15 del corriente, derivó en el anuncio de un “nuevo paro”, por lo que la Defensoría del Pueblo, en ejercicio de la función constitucional y legalmente instituida, acudió a la Justicia para evitar que nuevamente se violen los derechos de los usuarios del servicio público de pasajeros de la ciudad capital. Por su parte, la Municipalidad se presentó mediante apoderado a exigir judicialmente la restitución inmediata del transporte, dada la suspensión parcial e intempestiva del servicio, de acuerdo al informe de la Subsecretaría de Transporte y Emergencia del Municipio.

La magistrada interviniente, por su parte, estimó acreditados los extremos de la interrupción total del servicio, así como la legitimidad en la presentación de la Defensoría del Pueblo, en contralor del servicio público, la Municipalidad, como poder concedente, y finalmente la obligatoriedad que pesa sobre Crucero del Sur Agrupación y la UTA, de prestar el servicio de emergencia. En consecuencia, dispuso la intimación para la prestación inmediata de un servicio de emergencia en las condiciones descriptas, bajo apercibimiento de aplicación de multas a la transportista y al gremio.

Desde la Defensoría afirmaron que esperan la respuesta de los obligados a prestar el servicio mínimo y que la réplica sea positiva; de lo contrario, se estudiarán medidas de fondo, como la petición de “rescisión de la concesión y suspensión de la representación gremial de los delegados de los choferes que no cumplan la orden judicial”, para que la situación no se vuelva a repetir en lo sucesivo, con afectación directa a más de 60.000 usuarios.