Cuando estamos inmersos en el clima electoral mientras tratamos de sortear la crisis, hay un colectivo social que sufre los efectos de esta profunda crisis económica, pero también política, social y de alteración de los principios éticos y morales que deben regir siempre en una sociedad organizada. Una sociedad democrática, pero en la cual no todos los individuos gozan del libre ejercicio de sus derechos.
El principal pecado de un gobierno es dejar que niños, adolescentes y ancianos, queden a la deriva, sostenidos por sus propios medios y la ayuda solidaria de familiares y amigos, además de organizaciones sociales que brindan servicios de asistencia, allí donde el Estado nacional se ausentó hace ya mucho tiempo.
En un país donde casi el 50% de los trabajadores tiene empleo informal, donde el desempleo alcanza el 10,1% y suma con el sector de subocupados más de 4 millones de personas, el 82% del sector informal tiene empleos de baja calidad y una mayoría del 76% carece de aportes previsionales y reciben salarios que representan el 50% del salario de un empleado formalizado, no podemos hablar entonces de un país justo y solidario.
Pero lo más lamentable es que el 41,2% de los niños del país vive en estado de pobreza estructural, lo que representa a unos 4,7 millones de chicos cuyos padres no tienen ingresos suficientes para vivir, están mal alimentados, duermen en casas sin agua potable o cloacas, tienen problemas para acceder a la educación y escaso nivel de atención sanitaria.
Según un estudio de la UCA, en el 2018, el 63,4% de los niños y adolescentes, estaba privado de al menos un derecho y el 51,7% vivía en hogares pobres e indigentes. El 11,2% tiene privaciones alimentarias y el 17,2% limitaciones para acceso a la educación. Son 11,8 millones de esta franja etaria en situación de pobreza; 6,1 millones con pobreza monetaria, 2,2 millones con privaciones severas de derechos y 1,1 millón en situación de indigencia monetaria.
Cuando el informe de la UCA analiza la pobreza multidimensional, se advierte que dentro del 63,4% de chicos que no logran ejercer plenamente al menos uno de los derechos considerados esenciales, un 18,9% no logra hacerlo en niveles “humanamente aceptables”.
¿Qué modelo de país es el que estamos construyendo? En el Gran Buenos Aires, donde la pobreza estructural es alarmante, son las organizaciones sociales, los vecinos agrupados en asociaciones voluntarias, los que dan de comer a niños y padres sin trabajo, que pueden alcanzar con suerte una comida diaria y el resto es mate cocido con pan o galleta. Viven en casas precarias la mayoría, con problemas de hacinamiento, las calles son basurales a cielo abierto y tienen acceso limitado al agua potable, así como a la educación y la salud. Los ancianos están olvidados y marginados del cuidado social debido. En definitiva, porque cuesta extenderse en estos temas tan dolorosos, nos gana la indiferencia y los sectores marginados por esta sociedad política, pasan a ser una estadística que muestra la macroeconomía, olvidándose de la economía de los pobres. No es bueno hacer comparaciones, pero aquí en nuestra tierra, en Formosa, la situación es diametralmente opuesta, aunque hay que reconocer que falta aún mucho por hacer. El Estado provincial está presente y acude allí donde le reclama la sociedad, porque, en definitiva, en esta tierra todos nos conocemos y somos visibles. Como dijo Atahualpa: “qué va a ser famoso si es mi vecino”.