La ministra de Justicia de Colombia, Gloria Borrero, renunció hoy en medio de la crisis institucional derivada de un fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que ordenó la liberación y denegó la extradición a Estados Unidos del ex líder de las FARC Jesús Santrich, acusado de narcotráfico.
La renuncia se conoció un día después de que la Fiscalía General de Colombia quedara descabezada por la renuncia de sus dos máximas autoridades, en protesta contra la decisión a favor del ex jefe guerrillero.
No obstante, Borrero, en declaraciones a RCN Televisión, dijo que su dimisión no tiene relación con la crisis generada por el caso Santrich, sino que su salida del gobierno había sido acordada semanas atrás con el presidente, Iván Duque.
"En la vida hay ciclos que se cumplen y funcionarios a los que les tenemos especial gratitud; he aceptado la renuncia de la ministra Gloria María Borrero y quiero agradecerle su trabajo, patriotismo y excelente cooperación con los colegas del gobierno", declaró a su vez Duque en una conferencia de prensa.
El jefe del Estado añadió que la reemplazante de Borrero será Margarita Cabello, ex presidenta de la Corte Suprema e integrante de la Sala Civil desde 2012.
Los tironeos comenzaron apenas se conoció la decisión de la JEP en favor de Santrich.
La JEP nació de uno de los puntos del acuerdo firmado en noviembre de 2016 en La Habana entre el gobierno de Colombia (en ese entonces presidido por Juan Manuel Santos) y las FARC para la desactivación del grupo guerrillero.
Ese mecanismo de justicia transicional tiene la misión de juzgar a ex miembros de las FARC, agentes de la fuerza pública y terceros involucrados en la guerra de más de medio siglo que soportó Colombia.
Santrich fue detenido en Bogotá el 9 de abril del año pasado con base en el pedido del Departamento de Justicia de Estados Unidos que lo acusa de conspiración para el narcotráfico, delito que según la Fiscalía colombiana cometió después de la firma del acuerdo de paz.
Las autoridades estadounidenses aseguran que Santrich había negociado el envío a la potencia norteamericana de 10 kilogramos de cocaína.
Al conocerse la decisión de la JEP, el fiscal general Néstor Humberto Martínez; y su segunda, María Paulina Riveros, renunciaron de inmediato.
Martínez sostuvo que la evidencia de Estados Unidos y de la Fiscalía contra Santrich eran contundentes, por lo que consideró a la orden de liberación y no extradición como "un desafío al orden jurídico" que no puede convalidar, informó la agencia EFE.
"Mi conciencia y mi devoción por el estado de derecho me lo impiden; por ello he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación", puntualizó Martínez.