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Sobrefacturación: La Justica espera por los pedidos de informes e individualización de casos

El Dr. Raúl López Uriburu del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 habló con Radio Viva y explicó en qué instancia está la medida autosatisfactiva solicitada por el Defensor del Pueblo.



La semana pasada, antes del receso administrativo por las pascuas, el titular del Juzgado Civil y Comercial Nº 3, Raúl López Uriburu, requirió una serie de informes a la medida autosatisfactiva solicitada por el defensor del Pueblo, José Leonardo Gialluca, antes de tomar una decisión argumentando "generalidad y amplitud del planteo indeterminado que formuló el funcionario provincial". Previo a este planteo, el defensor del Pueblo pidió que se intime judicialmente para que se proceda en forma inmediata a efectuar el control de lectura y verificación de funcionamiento de los equipos de medición de cada uno de los usuarios que reclaman una supuesta sobrefacturación, residentes en las localidades donde se verifican actualmente los cortes de ruta, como también en aquellas ciudades donde en lo sucesivo adopten la misma medida (cortes de ruta en protesta por las facturas de energía eléctrica), sugiriendo a la distribuidora del servicio que para poder llevar adelante estos trabajos firme convenios de colaboración con los Colegios de Ingenieros y de Maestros Mayores de Obras de la provincia.En este sentido, el Letrado comentó que están a la espera de los requerimientos realizados al Defensor: "Como es una medida autosatisfactiva tiene preferencia en su tratamiento. Ni bien ingresen los pedidos de informes que le solicitamos, se analizará los casos y recién ahí el juzgado se expedirá. Por el momento al Defensor del Pueblo se le requirió que identifique al menos 10 usuarios afectados por estas sobrefacturaciones. No se puede resolver una instancia de esta naturaleza si no hay casos por estudiar", indicó. Pedidos de informesVale mencionar que el juez López Uriburu se expidió ante el planteo del doctor Gialluca, pero debido a la generalidad y amplitud de las medidas solicitadas, resolvió librar oficios pidiendo informes a REFSA, al Ente Regulador de Servicios Públicos (EROSP) y al propio defensor del Pueblo para que identifique en forma fehaciente a los afectados ofreciendo un mínimo de diez casos testigos.El juez le pidió a REFSA que le informe si recibió reclamos formales sobre los supuestos errores en los datos de facturación y/o de lectura de los medidores correspondientes a las localidades detalladas en el escrito del defensor.También, que informe el modo o método utilizado para recabar los datos reales registrados por los medidores de los particulares y la forma en que éstos son llevados a conocimiento del usuario mediante la facturación correspondiente y si existe a la fecha una modificación en la forma de medición del consumo eléctrico de los usuarios.


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