La trata de personas es uno de los atentados más graves contra la integridad física y mental de las personas, además de ser un menoscabo a su libertad.
A través del engaño, la fuerza física o el poder, se utiliza los cuerpos como mercancía para ser explotados y generar un beneficio económico o bien tener una "presa" a la que se explotará para alcanzar otros beneficios.
En términos conceptuales el tráfico de personas "implica el traslado ilegal de una persona a un país, con todos los riesgos que eso implica. En este caso, el dinero es un factor fundamental y la relación entre el migrante y el traficante finaliza una vez que se llega a destino".
Por otro lado, la trata de personas se define como "el traslado de una persona de un lugar a otro, que puede ser dentro o fuera de un país. En el caso de la trata, el dinero no es algo intrínseco, como sí lo es el engaño al que se somete a la víctima, llegando incluso a hacerla sentir en deuda con su tratante, lo que deriva en situaciones de explotación sexual, ante la culpabilidad impuesta de tener que pagar esa deuda.
A diferencia del tráfico, en la trata, los riesgos de vida durante el traslado disminuyen, ya que justamente la víctima debe contar con buena salud para ser sometida sexualmente". (Fuente: Comunicación y Derechos Humanos - Cuadernillo de Perspectiva de Género).
MARITA VERON, EL CASO EMBLEMATICO DE ARGENTINA
El 3 de abril de 2002, Marita Verón se fue a la maternidad de San Miguel de Tucumán para hacerse un examen ginecológico. Su mamá, su papá, su pareja y su hija, la esperaban al mediodía para almorzar. Nunca volvió.
Pasaban las horas y los padres de la joven de 23 años comenzaron a preocuparse. Cuando las sospechas de que simplemente se había demorado se disiparon, la ciudad se llenaba de carteles con su rostro y el personal policial recibía los ruegos de la familia, para que les tomen la denuncia.
A casi 17 años de aquel día, Marita aún no aparece. Se confirmó que la secuestró una red de trata de personas, con el fin de explotarla sexualmente. La pista clave que desembocó en esta teoría es que una persona conocida recibió información de alguien que vio cómo tres hombres metían a la joven en un auto que parecía ser un taxi.
Desde ese momento su mamá, Susana Trimarco, no paró de buscarla. En el camino se convirtió en una abanderada de la lucha contra la trata, reconocida a nivel mundial. Además de crear una fundación que lleva el nombre de su hija, rescató a muchas chicas que estaban siendo explotadas.
El caso también generó la producción de políticas estatales para combatir estos delitos. Así, en 2012 se sancionó en nuestro país la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, que modificó a la 26.364 (de 2008). Entre varios artículos, habla de las reparaciones pertinentes:
-Recibir información sobre los derechos que le asisten en su idioma y en forma accesible a su edad y madurez, de modo tal que se asegure el pleno acceso y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales que le correspondan.
-Recibir asistencia psicológica y médica gratuitas, con el fin de garantizar su reinserción social.
-Recibir alojamiento apropiado, manutención, alimentación suficiente y elementos de higiene personal.
-Recibir capacitación laboral y ayuda en la búsqueda de empleo.
-Recibir asesoramiento legal integral y patrocinio jurídico gratuito en sede judicial y administrativa, en todas las instancias.
-Recibir protección eficaz frente a toda posible represalia contra su persona o su familia, quedando expeditos a tal efecto todos los remedios procesales disponibles a tal fin. En su caso, podrá solicitar su incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos en las condiciones previstas por la Ley 25.764.
Permanecer en el país, si así lo decidiere, recibiendo la documentación necesaria a tal fin. En caso de corresponder, será informada de la posibilidad de formalizar una petición de refugio en los términos de la Ley 26.165.
-Retornar a su lugar de origen cuando así lo solicitare. En los casos de víctima residente en el país que, como consecuencia del delito padecido, quisiera emigrar, se le garantizará la posibilidad de hacerlo.
-Prestar testimonio en condiciones especiales de protección y cuidado.
-Ser informada del estado de las actuaciones, de las medidas adoptadas y de la evolución del proceso.
-Ser oída en todas las etapas del proceso.
-A la protección de su identidad e intimidad.
-A la incorporación o reinserción en el sistema educativo.
En caso de tratarse de víctima menor de edad, además de los derechos precedentemente enunciados, se garantizará que los procedimientos reconozcan sus necesidades especiales que implican la condición de ser un sujeto en pleno desarrollo de la personalidad. Las medidas de protección no podrán restringir sus derechos y garantías, ni implicar privación de su libertad. Se procurará la reincorporación a su núcleo familiar o al lugar que mejor proveyere para su protección y desarrollo.
Además, entre muchos otros aspectos explica que las personas que fueron sometidas no son punibles de ningún delito que hayan cometido bajo presión.
Pero, ¿quiénes son esas víctimas? Alcanza a todas las personas, pero el 90% son mujeres y niñas.
La Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Crimen explica en uno de sus informes que "mientras que mujeres y niñas tienden a ser víctimas de trata de personas con fines de matrimonios forzados o explotación sexual; hombres y niños son explotados con fines de trabajos forzados en la industria minera, como maleteros, soldados o esclavos".
Utilizando a la perspectiva de género como medio de análisis, se destaca que las mujeres y niñas son mayoría en este grupo de personas. Dentro de la sociedad heteropatriarcal donde vivimos, sus cuerpos son objetos para ser abusados, golpeados o vendidos. El avance sobre la integridad de las mujeres sucede y es perpetrada por varones.
Hablamos entonces de un delito sexual perpetrado en función del género, que se crea y sostiene por los torturadores y por los "clientes" con sus exigencias y gustos.
Romper con relaciones sociales estereotipadas que hacen a los varones dueños del cuerpo de las mujeres, por un sistema que las considera seres inferiores desmerecedores de derechos fundamentales, es clave para romper con uno de los negocios más rentables después del tráfico de armas y drogas.