En diálogo exclusivo con La Mañana,
la contadora y economista Mary Isabel Acosta, investigadora del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y miembro del espacio de Economía Feminista, alertó que las provincias este año "tendrán problemas" por la decisión nacional de no cubrir los subsidios al transporte público, que pasarán a integrar los Presupuestos provinciales. Además, remarcó que en nuestro país "históricamente" hubo un reparto desigual de los fondos para subsidiar los servicios de colectivos urbanos.
Medios nacionales recordaron que para el ejercicio 2019, los subsidios al transporte público automotor fueron transferidos a las 24 jurisdicciones, salvo para los recorridos interprovinciales (en este caso, éstos recaerán en la Nación). Esto significa que, de ahora en más, las provincias y los municipios deberán hacerse cargo de las líneas locales.
Para reducir el impacto de la medida en la sociedad, la Nación dispuso la creación de un fideicomiso de .500 millones para aquellas provincias que no sean beneficiarias de la tarifa social implementada vía el sistema SUBE. Asimismo, las administraciones locales deberán aportar fondos propios para compensar parte de la quita de recursos por parte de la Nación.
"En términos relativos, la administración de Cambiemos mejoró el reparto de recursos a las provincias por el giro del 15% de aportes que en la gestión anterior era retraído de la masa coparticipable, entre otras medidas. Pero también es cierto que el Gobierno nacional traslada cada vez más responsabilidades y atenciones de diferentes sectores a los Estados provinciales", explicó Acosta a este diario.
"En la Argentina, el porcentaje de subsidios al transporte público es muy importante. La reducción de esos montos será significativa, no sólo para la persona que intenta movilizarse sino también para todo el sistema productivo. El valor del transporte no puede aumentar demasiado para el usuario, porque eso significará una mayor presión para aplicar una recomposición salarial. La clase trabajadora deberá recibir un incremento en sus haberes para hacerse cargo de tarifas más caras. De lo contrario, en ciertos casos, el sistema no podrá seguir funcionando", agregó.
"Cuanto más cerca está el gobernante, más debe atender el problema del ciudadano. Como estamos en un año electoral, los gobiernos provinciales van a tener que hacerse cargo de los subsidios al transporte urbano. El lugar de donde se obtendrán los fondos para poder cubrir ese gasto dependerá de la situación particular de cada provincia", aseveró la especialista.
"Entre la espada y la pared"
"Los gobiernos provinciales se encuentran 'entre la espada y la pared', porque por un lado, tienen que mantener los compromisos pactados en lo referente a las cuentas públicas, y a su vez se enfrentan a cada vez más obligaciones. Por ello, hasta ahora no pudo verificarse la reducción en el Impuesto a los Ingresos Brutos, un tributo altamente distorsivo que las provincias se habían comprometido a bajar, pero no podrán hacerlo, porque no tienen de dónde conseguir mayores recursos. Esto afecta al entramado productivo, principalmente a las empresas más pequeñas", opinó la profesional.
"A lo largo de la historia, hubo un desigual reparto de los subsidios. Todo el país terminó aportando a los subsidios que se llevaron la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. La estructura económica de esos sectores no funciona sin cierto grado de subsidios. La mano de obra que se necesita debe trasladarse y los asalariados no pueden cubrir el costo del transporte; por ello, fueron necesarios los subsidios. En el resto de las jurisdicciones, los costos son diferentes", detalló.
"Cuanto más chico sea el lugar, menos subsidio recibe en términos proporcionales. El transporte es un serio problema y está estructurado de una forma onerosa, con gran dependencia de combustibles líquidos cuyos valores finales hoy se encuentran 'liberados'. Con la estructura que tenemos en la economía argentina, se debería haber pensado antes de 'liberar' los precios de las naftas", manifestó Mary Isabel Acosta.