Hace dos días, el Senado aprobó la Ley Micaela, que establece como obligatoria la capacitación "en temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías", puntualmente quienes integran los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El nombre elegido hace referencia a Micaela García, la joven asesinada el año pasado en Gualeguay por Sebastián Wagner, un hombre que tenía una condena a 9 años de prisión por dos ataques sexuales, pero fue beneficiado con salidas transitorias brindadas por el juez Carlos Rossi. En 2016, el magistrado liberó al femicida, que nueve meses después secuestró y asesinó a Micaela.
El caso que se establece como modelo de referencia para exponer la gravedad de la falta de perspectiva de género integra una larga lista que habla de femicidas cuyos actos no son analizados dentro del contexto pertinente y se manifiestan en condenas machistas que violentan a las mujeres más de una vez.
Hace 17 años, Natalia Melmann fue abusada y asesinada por cuatro hombres. Uno de ellos es el exsargento de policía Ricardo Panadero (cuyo ADN fue encontrado en el cuerpo de la adolescente), absuelto este año. Los otros tres gozan de salidas transitorias.
Este año, un tribunal oral absolvió a los tres acusados por el femicidio de Lucía Pérez. Entre sus fundamentos se afirma que Matías Farías (uno de ellos) "compró facturas y una 'Cindor' para compartir con Lucía en su domicilio. Es evidente que estas actitudes no son las asumidas habitualmente por las personas con intención de cometer un delito tan aberrante como por el que resulta acusado".
En otros fragmentos, se hace alusión a la vida íntima de la joven y chats privados, para responsabilizarla por lo sucedido.
La lista de casos analizados de manera cruel e irresponsable por parte de la Justicia y los medios de comunicación (dos de los ámbitos donde más se refleja la falta de capacitación en cuestiones de género), podría continuar.
Como punto de partida de este análisis es importante comprender qué es la perspectiva de género: entendida como un enfoque teórico que permite detectar los estereotipos, devenidos en desigualdades culturales y sociales que existen entre hombres y mujeres, propone trabajar para eliminarlos.
Los estereotipos son un conjunto de creencias, prejuicios y opiniones preconcebidas que atraviesan a hombres y mujeres desde que nacen hasta que desarrollan sus capacidades físicas e intelectuales. A lo largo del tiempo, estos se refuerzan y perpetúan gracias al lenguaje y los diferentes medios de comunicación.
Dentro de esas creencias, el hombre fue desde siempre mostrado como fuerte, proveedor, que desarrolla sus actividades en el ámbito público ocupando lugares de poder y de toma de decisiones.
Las mujeres, por su parte, han sido ubicadas en el lugar de las más débiles, protectoras, conciliadoras, sometidas a estándares de belleza irreales, vistas como objetos sexuales, en roles reproductivos y moviéndose mayoritariamente en el ámbito privado.
Esta herramienta trata de exponer que la problemática de la violencia de género tiene una base cultural y social, porque existe una relación desigual de poder entre varones y mujeres, que las ubica a ellas en un lugar de inferioridad. Entonces, esa cosificación hace que en los casos más extremos, los varones tomen posesión de los cuerpos de las mujeres y avancen sobre estos, porque existe una estructura que así lo permite.
Desde sus inicios, el movimiento feminista entendió que la opresión hacia las mujeres existe y es algo que debe cambiar.
En Europa, la iglesia del siglo XVII decía que "el intelecto de una mujer es a menudo menor y más débil que el de un hombre" y agregaba que "sus cuerpos, al igual que sus mentes, son menos fuertes y robustos que los hombres" (Citas extraídas del texto "Historia de las mujeres"). Contra esto protestaban las primeras feministas cuyo camino marcó un inicio de lucha que se extiende hasta hoy y toma las características propias de cada país.
Así, Argentina marcó un quiebre importante desde la primera marcha de Ni Una Menos en 2015, que acercó a niñas, adolescentes y jóvenes a la lucha feminista. En este contexto, ningún espacio donde se muevan las mujeres debería quedar exento de la capacitación en perspectiva de género. Sin embargo, es fundamental entender que los estudios sobre la materia no servirán de mucho si no van acompañados de un profundo proceso de deconstrucción que implica básicamente romper con las estructuras opresoras y volver a estructurarnos desde un lugar diferente.
Esa lucha es colectiva, entre los varones que deberán cuestionarse sus privilegios y entablar nuevas masculinidades y las mujeres que son pioneras en la conquista de derechos.
Todo esto que parecen cosas que la sociedad puede elegir cumplir o no, en realidad son obligaciones si se hace un repaso sobre los compromisos internacionales que asumió nuestro país. En este contexto se encuentra, por ejemplo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Belém Do Pará" en la que los Estados partes reconocen que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades", teniendo la responsabilidad de "incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso".
Poner en crisis a la Justicia, la comunicación, la medicina, la investigación, la política, la economía y todos los demás espacios sociales implica mirar desde una perspectiva de género para romper con lo impuesto y rearmar bloques desde la igualdad. Esto no implica sacarles el poder a los varones para pasárselo a las mujeres, sino que tiene que ver con dejar de vivir en una sociedad que por acción u omisión discrimina y violenta.
En Argentina, una mujer es asesinada cada 30 horas por un hombre (según el último estudio de la Casa del Encuentro). Ante esta situación, el Estado debe responder con políticas públicas concretas que avancen desde una mirada crítica en nuevos paradigmas de educación, para comprender realmente la concepción social de una problemática que implica una violación a los derechos humanos.