Organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos repudiaron el beneficio a una prisión domiciliaria, otorgado por el Tribunal Federal de Formosa, al represor Juan Carlos Camicha, exsuboficial del Ejército, quien durante la dictadura militar prestó servicios en el Regimiento de Infantería de Monte 29.

Camicha había sido condenado en noviembre del 2013 junto a otros 8 genocidas, por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el CCD "La Escuelita", durante los años 1976-78. En la causa "Camicha, Juan Carlos y Otros s/ Asociación Ilícita, Privación Ilegítima de la Libertad, etc.", le otorgaron una pena de 25 años de prisión, como coautor de los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad agravada en 74 hechos probados, tormentos agravados en 43 casos y tormento agravado seguido de muerte en 4 hechos.

El 9 de noviembre, una resolución del Tribunal Oral Federal de Formosa, benefició con prisión domiciliaria al genocida. El repudio y la preocupación de los diferentes organismos de Derechos Humanos, no tardaron en hacerse eco. "Dado los antecedentes, el otorgamiento de la prisión domiciliaria no solamente implica un retroceso en las políticas de Estado sobre memoria, Verdad y Justicia, sino también la impunidad a quien cometió delitos aberrantes como tortura, asesinato y desaparición forzada de personas", manifestaron desde la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y Filial Formosa.

En diálogo con La Mañana, la abogada de APDH Formosa, Cintia Herrera, comentó que al ser notificada de la medida, presentó un recurso de reposición con casación en subsidio, con el fin de que el juez que dictó la domiciliaria revea ese pronunciamiento. "La querella no estuvo notificada en el incidente planteado por la defensa de Camicha. Además, la gravedad de la enfermedad no está acreditada. Hay una serie de requisitos que se deben probar en el expediente, para otorgar la domiciliaria de Camicha, por ejemplo la edad: y aún no tiene 70 años", reclamó.

Consideran que la prisión domiciliaria significa un retroceso en políticas de Estado y un beneficio legal que no corresponde ante culpables de delitos tan graves y numerosos como en este caso, ya que se trata de un crimen de lesa humanidad.