HABLEMOS DE IGUALDAD

Las leyes generan contención y respuesta ante una determinada problemática. En este caso tiene que ver con la violencia que sufren las mujeres en el área de la salud y más específicamente al momento de parir.

Hace catorce años se sancionó la Ley 25.929, que establece los derechos de la mujer embarazada en el transcurso de la gestación, el parto y posparto, como así también los de la persona recién nacida.

El parto humanizado tiene que ver directamente con la atención que brinda el sistema de salud, la cual debe respetar los derechos de la familia que espera el nacimiento.

En este contexto, la mujer tiene derecho a:

· Ser informada sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar, para que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.

· Ser tratada con respeto, garantizando su intimidad y teniendo en consideración sus pautas culturales y necesidades.

· Ser considerada como persona sana, de modo que se facilite su participación como protagonista de su propio parto.

· Un parto natural, donde se eviten las prácticas invasivas y el suministro de medicación que no estén justificados por su estado de salud o el de su bebé.

· Ser informada sobre la evolución del parto, el estado de salud de su bebé y a ser partícipe de las diferentes actuaciones de los profesionales.

· Elegir una persona de su confianza para que la acompañe durante el trabajo de parto, parto y postparto.

· Tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre que no requiera de cuidados especiales.

En 2009, la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres define a la violencia obstétrica como "aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales".

Esta se puede traducir, según explica la médica Daniela Am, en el "maltrato verbal y físico hacia la mujer embarazada, no respetar los tiempos del parto, no informar sobre los procedimientos, utilizar a la mujer como objeto de investigación y no como una paciente sujeta de derecho, medicalizar y patologizar a la embarazada".

Los principales obstáculos para que un parto sea respetado son "la desinformación y la falta de deconstrucción del personal de salud".

(Michelle Odent , médico cirujano y obstetra francés)



Am explica que "forma parte de los derechos del paciente ser respetado en todo acto médico. En el caso de una mujer sana (que corresponde a la mayoría de las embarazadas), hay que dejar de patologizar el parto. Si la mujer y el bebé llegan en condiciones saludables, el parto es un proceso natural que no requiere intervenciones médicas, siempre y cuando no haya ninguna complicación".

Con respecto a las consecuencias de un trato deshumanizado durante el embarazo, parto y postparto, éstas se verán reflejadas "en su estado anímico, en su relación con el propio embarazo, en la futura decisión de volver a ser madre o no y en el bienestar físico, porque en ese momento las hormonas son primordiales y el estrés y el malestar influyen negativamente en el vínculo mamá-bebé", afirma.

Como puntos importantes dentro del cambio que se necesita, la profesional asegura que "adecuar las salas de parto, que los lugares no sean tan chicos y que la luz no sea blanca y fría, para crear un ambiente más cálido" son aspectos importantes ante el nacimiento de una persona.


Una denuncia 

cada cuatro días

La Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (CONSAVIG) recibe desde el año pasado denuncias por violencia obstétrica, que se registran en estadísticas.

Según los últimos datos brindados, en 2017 hubo una denuncia cada cuatro días. Las situaciones donde más se ejerció violencia fueron el trato deshumanizado (82%), la falta de información (44%) y la medicalización y patologización (42%).

De las anteriores, la mayoría se produjo en instituciones privadas (64%) en comparación con las públicas (36%).

Estas denuncias reflejan que las mujeres toman conciencia de sus derechos, gracias a la concientización y la lucha que se da desde distintos espacios feministas.

Y si bien las conductas nombradas anteriormente son ilegales, pero no se definen como delitos (a menos que vayan acompañadas de otras), sin dudas fijan un precedente en materia de derechos humanos que deberían servir para que el personal de salud (desde la administración, hasta la atención médica) entienda que la mujer embarazada posee las condiciones para entender el proceso que atraviesa y debe tener la potestad de decidir, lo más que pueda, en qué condiciones parir.