El ex sacerdote Emilio Lamas, detenido por abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de un ex monaguillo de la iglesia de la localidad salteña de Rosario de Lerma, se abstuvo de declarar en la audiencia desarrollada hoy, para notificarlo de la imputación que le aplicó la Fiscalía por corrupción de menores, tras la denuncia de una segunda víctima.
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, a cargo de Sergio Obeid, notificó hoy a Lamas de la imputación resuelta el viernes pasado, por el delito de corrupción de menores.
Esta acusación se suma a la de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el hecho cometido por un sacerdote y por la guarda y por abuso sexual simple agravado, en perjuicio de Juan Carlos García, quien lo denunció por hechos cometidos durante su adolescencia, cuando era monaguillo de la iglesia de la localidad salteña de Rosario de Lerma.
Hoy, el ex sacerdote se presentó acompañado de un abogado particular a la audiencia ante el fiscal, y luego de conocer la nueva imputación en su contra, se abstuvo de declarar.
La nueva imputación surgió a partir de la denuncia de Carla Morales Ríos, que la semana pasada adujo haber sido accedida carnalmente -en su adolescencia- por Lamas, en el interior de la parroquia de la que él estaba a cargo.
Por ello, Obeid solicitó a la jueza de Garantías 8, Claudia Puertas, la autorización para realizar una inspección ocular en la parroquia Nuestra Señora del Rosario, que está en la calle Luis Güemes 56, de Rosario de Lerma, a 25 kilómetros de Salta Capital.
Morales Ríos, de 38 años y que realizó cambio de identidad de género, se encuentra radicada en Buenos Aires, y la semana pasada se trasladó especialmente a Salta para denunciar al ex sacerdote, luego de conocer la denuncia de García.
Ambas denuncias fueron por hechos ocurridos entre 1990 y 1992, cuando Lamas estaba a cargo de la parroquia de Rosario de Lerma.
A principios de octubre se conoció que el acusado perdió su estado clerical por decisión de un tribunal ad hoc encabezado por el vicario judicial de la Arquidiócesis de Salta, Loyola Pintos, que analizó el caso de García.