En diálogo con La Mañana, la socióloga, docente e investigadora Ana Castellani, integrante del Grupo Fragata y directora del Centro de Innovación de los Trabajadores (CITRA), aseguró que el incremento del número de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de pobreza es un fenómeno que se registra en el país “desde hace mucho tiempo”, aunque se “agravó” durante la administración de Cambiemos. Además, afirmó que en la Argentina existe un “núcleo duro de pobreza estructural”, y pidió que la cuestión social integre la “agenda prioritaria” del próximo Gobierno, para dar lugar a políticas a largo plazo que permitan resolver este flagelo.

El estudio “Pobreza, derechos e infancias en la Argentina (2010-2018)” de la Universidad Católica Argentina (UCA), que fue difundido de manera reciente, revela que el aumento de la pobreza en el país afecta de modo particular a las infancias y se plasma “con crudeza” en el incremento de las privaciones alimenticias.

El relevamiento estimó que al tercer trimestre de 2018, el 63,4% de los niños y adolescentes estaba privado de al menos un derecho, y el 51,7% vivía en hogares con ingresos insuficientes. En este marco, la “pobreza multidimensional” más extrema padecida por infantes y adolescentes subió de 37,1% hasta 41,2% en 2018, afectando a seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes.

A su vez, la “pobreza extrema” por indigencia monetaria o privaciones graves en el ejercicio de derechos afectó en 2018 al 24,7% de los menores de edad, reveló la UCA. Por otro lado, la pobreza total alcanzó al 31,3% de la población en 2018.

Sumado a esto, la pobreza infantil en Argentina aumentó a su nivel más alto en la década y afecta al 51,7% de los niños y adolescentes del país, según el último informe del Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA.

Los datos del nuevo relevamiento también corresponden al año 2018. El reporte muestra que de ese 51,7% de niños y adolescentes, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% pasó hambre. También, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de forma constante, y trepa al 35%.

“La UCA trabaja combinando las necesidades básicas insatisfechas, los niveles de ingresos y el acceso a determinados derechos básicos, como la educación, la vivienda digna, una canasta de alimentos satisfactoria y el esparcimiento. Por ello, un informe indica que más del 40% de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país tiene algunos de esos derechos cercenados”, explicó Castellani a este Diario.

Asimismo, la profesional aclaró que la “pobreza por ingreso” es “coyuntural”, y detalló: “Una devaluación del peso puede dejar por debajo de la línea de pobreza a más familias, y un proceso de expansión de los ingresos reales puede sacar a esos grupos familiares de esa situación de vulnerabilidad. Pero las cuestiones estructurales, que tienen que ver con variables que considera la UCA, solo pueden removerse en el largo plazo”.

Para finalizar, Ana Castellani subrayó que para revertir los niveles actuales de “pobreza estructural”, se requieren políticas específicas dirigidas a los niños, niñas y adolescentes de los sectores más vulnerables. “Nuestro objetivo, como país, tiene que ser sacar a esa población de ese contexto de exclusión y de pobreza, y esa meta tiene que ser mantenida por cualquier persona que asuma a partir de diciembre. No podemos darnos el lujo de no hacer nada para evitar ese tipo de situaciones”, manifestó.