El problema del contrabando en la Argentina no es solamente una materia de índole aduanera, evasión fiscal o actividades marginales fronterizas. Se trata de un síntoma que involucra también la integridad territorial del país, la consistencia del Mercosur, la cohesión social en provincias con economías deprimidas y, lo más grave, la pérdida de vidas por culpa de actividades ilícitas que, muchas veces, se realizan a la vista y tolerancia de las autoridades.

El caso de la joven mujer boliviana ahogada en aguas del río Paraguay cuando intentaba llegar a Alberdi -por un cruce clandestino y en una lancha irregular sobrecargada que se dio vuelta- para un tour de compras es un ejemplo trágico. El contrabando también suele arrojar otro tipo de víctimas: los uniformados que mueren o resultan heridos en enfrentamientos en la frontera.

Formosa, lamentablemente, sufre el impacto directo y cotidiano de este flagelo, que no encuentra freno. Lo ocurrido en las últimas horas, empero, es un fuerte llamado de atención a los responsables de tomar medidas. Porque los pasos clandestinos, los lancheros improvisados y la inseguridad que rodea a las personas que cruzan todos los días a la vecina localidad paraguaya son evidentes.

Nunca habría que esperar una muerte para poner cuestiones como ésta al tope de las preocupaciones gubernamentales. Ahora bien, para el caso de que ahora sí comiencen a ajustarse los controles, vale recordar que estamos frente a una problemática extendida y compleja que, además de arriesgar vidas, le cuesta al país miles y miles de millones de pesos al año en impuestos no cobrados. Esto supone un enorme perjuicio, además, por la competencia desleal que estos productos generan respecto de la industria y el comercio legal de nuestras ciudades fronterizas.

La debilidad de las instituciones y de los sistemas jurídicos y las fuertes asimetrías económicas y sociales son dos factores principales para que en una región geográfica como la nuestra florezca el contrabando. Por consiguiente, la reacción frente al grado de afincamiento que han adquirido estas actividades comerciales ilícitas debería orientarse según aquellas premisas básicas atendiendo ambos aspectos, el político y el socioeconómico.

Al amparo de fuertes asimetrías se han formado redes delictivas inmunes a las fuerzas de seguridad y a los funcionarios aduaneros. Pero también se generó un peligroso acostumbramiento en la población. Por ello, si lo que se busca es atacar las causas de que el contrabando sea lo que es en el norte argentino, deberán existir, además, políticas de fortalecimiento institucional y jurídico y de desarrollo de las deprimidas economías regionales que ofrezcan contención y oportunidades a una población muchas veces empujada a vivir al margen de la ley.

Desde luego que no será una tarea sencilla porque supone desmontar mecanismos de corruptela que se han extendido como telarañas. Pero debe concentrarse en ese desafío la mayor energía posible y procurar avances urgentes. ¡Hay vidas en juego!